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PERFIL RACIAL
La Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona encabeza el caso legal sobre  perfil racial conocido como Ortega Melendres vs. MCSO. Alessandra Soler Meetze,  directora ejecutiva (der.), habla a los medios durante una rueda de prensa. Foto por Eduardo Barraza | Barriozona © 2011
Demanda de perfil racial aumenta presión sobre
sheriff Joe Arpaio
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Phoenix, Arizona – Tras el reciente anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos
en el sentido de que la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa ha cometido flagrante perfil
racial contra latinos en Arizona, una demanda en contra acentuó la presente presión en
contra de esa agencia policiaca.

Un juez federal escuchó hoy argumentos sobre una demanda que pesa sobre la Oficina del
Sheriff Condado Maricopa (MCSO por sus siglas en inglés), respecto al caso legal conocido
como “Ortega Melendres, y otros vs. MCSO”.
Por Eduardo Barraza | Diciembre 22, 2011
El juicio legal se originó en 2008, a partir de una demanda
interpuesta a favor de cinco individuos y la coalición
“Somos América” para confrontar lo que la Unión
Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU-AZ por
sus siglas en inglés) llama un patrón ilegal de perfil racial
por parte del MCSO.

La demanda sostiene que el MCSO detiene a conductores
simplemente por el hecho de ser latinos, lo que
constituiría una práctica de aplicar la ley basándose en el
perfil racial del individuo.

La audiencia se celebró días después de que el
Departamento de Justicia presentara un informe acusando
al MCSO de llevar a cabo lo que definió como una
“flagrante práctica de perfil racial”.

Durante la audiencia en la que se escucharon argumentos
de ambos lados de la demanda, el juez de distrito Murray
Snow informó que tomará una decisión dentro de dos
días, ya que ambas partes de la demanda han pedido al
juez que falle a su favor. Los demandantes han solicitado
también que castigue al MCSO por destruir evidencia
relacionada al caso, así como que se les permita que más
demandantes se unan en una demanda  colectiva.

La ACLU-AZ arguye que la oficina del sheriff Joe Arpaio
realiza patrullajes bajo un criterio de perfil racial para
efectuar detenciones de tráfico. Para ello, esta agencia
para la defensa de las libertades civiles asevera que los
demandantes han entregado cientos de documentos que
evidencian que conductores latinos son mucho más
propensos a ser detenidos por infracciones de tránsito
que personas de otros grupos étnicos. Esta evidencia, de
acuerdo a la ACLU-AZ, es “consistente” con los resultados
del reciente reporte del Departamento de Justicia que
acusa al MCSO de actividades policiacas inconstitucionales.

Cómo se originó el caso
En octubre de 2007, Manuel de Jesús Ortega Melendres
viajaba como pasajero en una camioneta que fue
detenida en la ciudad de Cave Creek, Arizona. La
detención de tráfico se llevó a cabo mientras agentes del
MCSO vigilaban el edificio de la iglesia episcopal Good
Shepperd the Hill, que se usaba también como centro de
trabajo para jornaleros. Los agentes investigaban si el
edificio también fungía como “casa de seguridad” para
inmigrantes sin documentos.

Ortega Melendres, inmigrante mexicano con estatus legal
para vivir y trabajar en Estados Unidos, fue detenido por
los agentes del MCSO bajo la sospecha de ser
indocumentado. La demanda sostiene que Ortega
Melendres fue detenido ilegalmente por varias horas
hasta que los agentes de inmigración verificaron su
estatus de residente legal.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona encabeza el caso legal sobre
perfil racial conocido como "Ortega Melendres, y otros vs. MCSO". Alessandra Soler
Meetze, directora ejecutiva (der.), habla a los medios durante una rueda de prensa.
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona |  Galeria de fotos
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Aparte de Ortega Melendres, cuatro individuos más se integraron a la demanda.  En
diciembre de 2007, los ciudadanos estadounidenses David y Jessica Rodriguez fueron
detenidos por agentes del MCSO, quienes solicitaron a David que les mostrara su tarjeta de
Seguro Social. En marzo de 2008, Manuel Nieto y su hermana Velia Meraz, ambos
ciudadanos de Estados Unidos, demandaron también al MCSO por haber sido detenidos por
agentes durante una redada de inmigración.

Asuntos constitucionales en juego
En el núcleo de la demanda legal en contra del MCSO se encuentran en entredicho dos
aspectos constitucionales que pudieran estar siendo violados por el departamento que
encabeza el sheriff Arpaio.

El primero se basa el aspecto de perfil racial que categóricamente denunció el Departamento
de Justicia el 15 de diciembre. La demanda arguye que cartas dirigidas al sheriff pidiéndole
que actuara respecto a empleados de un restaurante de comida rápida que hablan español,
en un caso y, en el otro, que interviniera en una área poblada por inmigrantes
indocumentados. Notas escritas a mano en esas cartas por el sheriff mismo piden a sus
subalternos que actúen sobre esos casos.

Stanley Young, abogado defensor de los demandantes, arguyó al respecto que el hecho de
que el sheriff instruyera a sus subalternos a actuar en dichos casos no constituye otra cosa
sino discriminación.

Al respecto, Timothy J. Casey, abogado que representa al MCSO en este caso, declaró que si
un persona que cuenta con un doctorado, un ganador del premio nobel o incluso un idiota
escribe un carta a un funcionario elegido, no significa que el funcionario está adoptando la
opinión de quien la escribió.

“El sheriff y otros que están haciendo cumplir ley respecto el contrabando humano, lo hacen
justamente, imparcialmente, y constitucionalmente”, aseveró Casey.

El otro aspecto constitucional de la demanda concierne a cacheos y confiscaciones
irrazonables. En este sentido, la demanda busca establecer si el sheriff violó la ley al detener
a un pasajero de un vehículo como Melendres, por no haber tenido una sospecha razonable
de que se encuentra en el país sin documentos legales.

“No estamos haciendo nada que evite que el sheriff haga cumplir la ley de estatal de
contrabando humano,” afirmó Young, quien representa a las partes demandantes. “Como
quiera que sea, como es con cualquier tipo de ley, ya sea ley de tráfico o cualquier otro tipo
de ley, cualquier cumplimiento de la ley tiene que ser racialmente neutral”, agregó.

Casey, por su parte, explicó que debido a que históricamente quienes cruzan la frontera sur
de Estados Unidos ilegalmente tienden a ser latinos, que no se puede hacer cumplir ninguna
ley relacionada a la presencia legal en el país sin ser acusado automáticamente de estar
practicando el perfil racial.

Problema local, solución nacional
Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la ACLU-AZ, declaró que
el sheriff Joe Arpaio tiene una campaña antiinmigrante para detener y arrestar a los
conductores simplemente por el color de su piel.

“Nosotros estamos pidiendo y requiriéndole al juez federal para parar inmediatamente esas
prácticas discriminatorias y también para iniciar algún tipo de reformas para prevenir que
este tipo de actividades continúen en el futuro”, puntualizó Soler.

Por su parte Salvador Reza, organizador comunitario y unos de los más abiertos críticos de
Arpaio, fue más allá del contexto local del Condado Maricopa al decir que el problema del
cumplimiento de la ley de inmigración requiere de una solución nacional.

“Arpaio es solamente el síntoma de una enfermedad que yace en los pasos de la Secretaria
del Departamento de Seguridad Janet Napolitano y del presidente Obama mismo”, afirmó
Reza.
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Para la comunidad latina en el Condado Maricopa, las patrullas del departamento del sheriff Arpaio son sinónimos de perfil racial y discriminación. La imagen corresponde a un operativo del MCSO en la Ciudad de Mesa el de 27 de junio de 2008. Foto por Eduardo Barraza | Barriozona Magazine © 2011
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